Se aprueba el Decreto Presidencial 1723 de Indulto y Amnistía a favor de personas privadas de libertad

Lunes 16 de septiembre de 2013

(LA PAZ) La Asamblea Legislativa al mando de quien la preside Álvaro García Linera, hoy lunes, se aprobó por dos tercios de votación el Decreto Presidencial 1723 el cual otorga indulto y amnistía a favor de las personas privadas de libertad, por causas humanitarias, siendo su vigencia a partir de mañana, debiéndose cumplir los plazos establecidos que señala la norma para su aplicación.

En la primera intervención el Presidente de la Asamblea Legislativa manifestó que los problemas en las cárceles vienen de mucho tiempo atrás, las cuales son como depósitos donde se olvidan a las personas indefinidamente, jugando con su tiempo y su vida.

“Antes, cárceles eran depósitos indefinidos de seres humanos y la rosca de fiscales y jueces negociaban con tiempo del preso. Jueces y fiscales eran pagados por una potencia extranjera para cumplir su trabajo”, argumentó el Mandatario.

El Decreto Presidencial estará acompañado de medidas para mejorar el sistema carcelario en Bolivia, en especial, la clasificación de presos, infraestructura y tecnología para el control de las cárceles.

Asimismo el Decreto beneficiará a las personas que tengan sentencia igual o menor a 8 años por la comisión de delitos menores; adultos mayores; adolescentes imputados y jóvenes hasta los 25 años; personas con enfermedad grave o incurable en período terminal; personas con discapacidad grave o muy grave; padres de familia que tengan a su cargo a hijos menores a doce años en centros penitenciarios.

Además son beneficiarias las personas procesadas y detenidas preventivamente cuyo proceso haya tenido una duración igual o menor a cuatro años.

Quedan excluidas de esos beneficios personas condenadas o procesadas por delitos de asesinato; violación a niño, niña o adolescente; traición a la patria; espionaje; secuestro trata y tráfico de personas; terrorismo separatismo y extorsión.

No podrán beneficiarse del indulto o amnistía las personas condenadas o procesadas por delitos en los que la Constitución Política del Estado o el Código Penal no admitan el indulto.

Personas que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada o procedas por delitos de asesinato, violación a niño, niña o adolescente, delitos contra la libertad sexual, traición a la patria, espionaje, parricidio, robo agravado, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo y contrabando.

Además, personas que se hallan con sentencia condenatoria ejecutoriada o procesadas por delitos tipificados en la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento e Investigación de Fortunas.

Recordó cuatro características del Régimen Penitenciario que sintetizo mecanismo de obtención de dinero para jueces y fiscales mediante extorsión del tiempo. “Fiscales y policías eran torturadores. Segundo, jueces recibían plata de los norteamericanos, jueces sometidos a un poder extranjero. Tercero, que los presos controlaban las cárceles. Cuarto, que jueces, abogados, fiscales chantajeaban, lucraban y negociaban con el tiempo.”

Argumentó que dos de esas cuatro características del Régimen Penitenciario desaparecieron. Uno de los grandes cambios es que no hay fiscales torturadores, pero lamentó que dos continúan existiendo actualmente: “Siguen en pie los otros dos temas, que los internos controlan las cárceles y si controlan manda el que tiene más plata o el que tiene un grupo de presión armada (…) Lo que sigue hace 300 años calculo y hay que ponerle freno de una vez es el uso del tiempo, la extorsión del tiempo por algunos malos abogados, malos fiscales y malos jueces, algunos no son todos, hay algunos que cumplen su trabajo de manera honorable…”

También se acordó que las propuestas y sugerencias que han surgido en el debate del Decreto Presidencial 1723, serán incorporadas en el nuevo Código Procesal Penal.

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